La necesidad de avanzar hacia “un Chile más justo” fue la razón que la presidenta Michelet Bachelet esgrimió en agosto del año pasado para convocar al que se bautizó como el Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad. Hoy, cuando el informe final se nos presenta en la cuenta anual, parece oportuno revisar lo que para algunos ha sido el esfuerzo más importante de la concertación en materia de política social.

Entre lo positivo resaltan elementos bastante inéditos para la tradición concertacionista. Primero, el documento da cuenta de la necesidad de modernizar la política social. En términos prácticos, pone de manifiesto la necesidad de empoderar a Mideplan en la coordinación de la política social. Es conocido que Hacienda es el que manda, y que políticamente Mideplan pesa poco o nada al interior de los gobiernos de la concertación. A modo de ilustrar el punto; llevamos cuatro gobiernos y cuatro inamovibles ministros de Hacienda; Aywin-Foxley, Frei-Aninat, Lagos-Eyzaguirre, Bachelet-Velasco. No podemos decir lo mismo de Mideplan, donde cambio de ministros ha sido una práctica habitual. Pocos se enteran cuando entran y salen, y pocos saben el nombre de la ministra de turno.

El informe da a entender que un gobierno que se dice sensible a la injusticia social no puede darse el lujo de tratar al ministerio de planificación social como una oficina para entregar subsidios y financiar encuestas. El desafió político actual pasa más por Mideplan que por Hacienda. Mas que una suma de programas sociales, que es lo que reconoce el informe, necesitamos una política social integrada y estratégicamente pensada. La justicia social es un mito si no se toman medidas concretas para lograrla. Y no basta con aumentar el gasto social, bandera frecuentemente utilizada como signo de buena voluntad, es necesario ser agresivos en la búsqueda de resultados

En la misma línea el informe expone claramente la urgencia de mejorar la evaluación de los programas sociales. A la luz de esto parece poco afortunado que el gobierno haya dejado de apoyar el tradicional programa de evaluación de proyectos radicado en la Universidad Católica y dirigido por el economista Ernesto Fontaine. Hoy nos encontramos en un escenario donde se construyen propuestas a escala país sin saber si los supuestos en los que se basan son los adecuados, o si los programas tienen realmente algún efecto. En jerga gubernamental, cuando los proyectos sociales no necesitan evaluación para implementarse, se justifican con la sigla PP (Prioridad Presidencial), también conocidas como PC (Políticas Ciegas).

A la luz de los hechos el informe sugiere que los programas se implementen bajo un proceso escalonado, donde existe un periodo de evaluación que verifica su impacto antes de su expansión nacional. Un diseño como este tendría una ventaja adicional en el plano de la economía política. Y es que un programa implementado a nivel nacional es muy difícil quitarlo, o incluso reducirlo. Una vez en marcha se crean intereses y frecuentemente se termina en una discusión que deja en segundo plano el impacto real de la política. Por el contrario, si condicionamos su expansión a sus resultados, se estaría mostrando al país que lo que realmente importa es buscar soluciones efectivas. Esto es lo que hace cualquier empresa cuando prueba un nuevo producto. No veo motivo para ser menos exigentes en política social.

Entre los elementos menos luminosos del informe final se debe mencionar que a ratos se observa un curioso voluntarismo político que queda de manifiesto, por ejemplo, en la pagina 50. En ella el editor dedica veinte líneas a explicar la postura de aquellos que proponen metas y umbrales garantizados, mientras que para la postura alternativa solo se menciona “otro grupo de consejeros esta en desacuerdo con adoptar un enfoque de metas y umbrales garantizados”. Hay dos alternativas: o ese grupo de disidentes no tenía argumentos para justificar su postura, o el editor pensó que no valía la pena ponerlas por escrito.

Nuestra presidenta acaba de dar su cuenta anual, y su interés por alcanzar un Chile justo es evidente. Esta por verse si gastara su capital político y pasara a la historia como el gobierno de la concertación que finalmente modernizo la política social, o simplemente como otro gobierno que aumento el gasto publico sin preguntarse si con esto efectivamente se mejora la calidad de vida de los ciudadanos con menos oportunidades.